La Ley 32195, promulgada en el diario El Peruano, presenta modificaciones respecto al texto aprobado por insistencia en el Congreso, lo que ha desatado cuestionamientos sobre su validez y generado acusaciones de un posible “contrabando legislativo” por parte del Ejecutivo.
El pasado 11 de diciembre, el Congreso de Perú aprobó, por insistencia, la Ley de Desarrollo Agrícola del Cáñamo para Uso Industrial, luego de que el gobierno de Dina Boluarte la observara. Esta ley establece un marco legal para regular la producción, supervisión y comercialización del cannabis para uso industrial (con menos de 1% del psicotrópico y medicinal THC), con el objetivo de fomentar el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y la promoción de cultivos alternativos.
Dos días después, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, firmó la autógrafa de la Ley del Cáñamo y destacó que “los agricultores, la gente del campo podrán tener un ingreso y mejorar sus condiciones de vida”. Además, los congresistas impulsores de la norma, Arturo Alegría (FP) y Luis Aragón (AP), destacaron su potencial para equiparar al Perú con países como Colombia, Ecuador y Uruguay, donde esta industria ya está desarrollada.
Sin embargo, el 15 de diciembre, el Diario Oficial El Peruano publicó la Ley 32195, "Ley de Desarrollo Agrícola del Cáñamo para Uso Industrial" con cinco modificaciones que no estaban contempladas en la autógrafa aprobada por el Legislativo.
Modificaciones detectadas en el texto publicado
El texto publicado en El Peruano presenta cinco cambios relevantes respecto a la versión aprobada:
1. Artículo 5:
• Autógrafa aprobada por el Congreso: El Midagri es el único encargado de otorgar autorizaciones para la producción de cáñamo.
• Texto promulgado en El Peruano: Se incorpora a Mincetur y Produce como entidades que deben coordinar las autorizaciones, diluyendo las responsabilidades exclusivas del Midagri y complicando la reglamentación.
2. Artículo 7.3:
• Autógrafa aprobada por el Congreso: Se exige a las personas naturales o jurídicas contar con documentos que demuestren el origen lícito de la materia prima.
• Texto promulgado en El Peruano: Este requisito fue eliminado, lo que podría facilitar la comercialización irregular de productos basados en cáñamo.
3. Artículo 14:
• Autógrafa aprobada por el Congreso: Establece que el reglamento debe garantizar que las áreas destinadas al cáñamo no afecten la aptitud natural de los suelos ni utilicen agroquímicos no autorizados.
• Texto promulgado en El Peruano: Se omite por completo este párrafo.
4. Cuarta Disposición Complementaria Final:
• Autógrafa aprobada por el Congreso: El Midagri es responsable de aprobar el reglamento de la ley.
• Texto promulgado en El Peruano: Se agrega que el reglamento debe ser aprobado en coordinación con Mincetur y Produce, replicando el cambio del artículo 5.
5. Último párrafo de la norma:
• Autógrafa aprobada por el Congreso: Hace referencia al texto aprobado en el pleno de junio de 2024.
• Texto promulgado en El Peruano: Cita la fecha de abril de 2021, lo que podría tratarse de un error de forma.
Reacciones y posibles sanciones
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, calificó el hecho como un “error humano”, según un comunicado de Editora Perú, encargada de la publicación en El Peruano. Adrianzén afirmó que se ha solicitado un informe detallado para determinar responsabilidades y prometió sancionar a los responsables del incidente.
Por su parte, el Congreso de la República, liderado por la bancada de Fuerza Popular, denunció este hecho como un intento del Ejecutivo por modificar la ley para incluir cambios favorables a sectores específicos, como el empresarial. Esto podría debilitar los controles en la comercialización del cáñamo y complicar la implementación de la norma, especialmente en zonas rurales.
Implicancias del conflicto
El incidente subraya las tensiones persistentes entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a la regulación del cannabis y el cáñamo en el Perú. El Midagri, que históricamente se ha opuesto a la regulación del cáñamo desde 2019, es uno de los principales actores involucrados. Con estos cambios, el proceso de implementación de la ley podría enfrentar mayores obstáculos, afectando tanto a los pequeños productores como a las comunidades indígenas y rurales que buscan alternativas productivas al narcotráfico.
Un proceso legislativo con diálogo social
La Ley 32195 fue producto de un proceso de debate amplio que incluyó aportes de asociaciones de pacientes, cultivadores, académicos y representantes del sector privado. Entre los hitos más importantes estuvo el evento académico organizado en marzo de 2023 en la Universidad Nacional Agraria La Molina, así como las observaciones enviadas por asociaciones de pacientes y cultivadores en enero del mismo año. Estas actividades reflejaron la necesidad de una regulación inclusiva que promueva la industrialización del cáñamo y garantice el acceso equitativo a permisos.
Tras la oposición del Ejecutivo, especialmente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), que emitió opiniones desfavorables sobre los proyectos de ley del cáñamo, el Congreso optó por aprobar la norma por insistencia el pasado 11 de diciembre. Sin embargo, lo publicado en El Peruano incluye cambios que no fueron aprobados por el Legislativo, generando tensiones entre ambos poderes del Estado.
Para más información sobre la Ley del Cáñamo y su impacto en el Perú, acceda al análisis completo en nuestra sección especial.
Este es el dictamen aprobado por insistencia por el Congreso: