El gobierno de Dina Boluarte observó el proyecto de ley de cáñamo que había sido aprobado, por amplia mayoría, por el Congreso. Desde la sociedad civil, advierten sobre los peligros del uso de CBD para producir cannabinoides sintéticos y de una nueva modificación al Código Penal.
En una complicada situación para los usuarios y cultivadores de cannabis de Perú, donde solo se ha otorgado 1 licencia de cultivo a un laboratorio farmacéutico y ninguna a asociaciones de pacientes, el Legislativo aprobó, en junio pasado, el proyecto de Ley de Desarrollo Agrícola del Cáñamo para Uso Industrial. En agosto, el Ejecutivo observó el proyecto de ley argumentando que regular el cannabis para uso industrial generaría un "riesgo al tráfico ilícito de drogas" y que su implementación "constituirán gastos de carácter permanente".
Más allá de estas observaciones del gobierno de Dina Boluarte, fácilmente rebatibles, el proyecto de ley de cáñamo presenta algunos errores que podría hacer caer a Perú en los mismos errores que Estados Unidos (EEUU), donde se está restringiendo el acceso a cannabidiol (CBD), afectando a pacientes. El proyecto busca regular la producción, comercialización e industrialización del cáñamo, estableciendo que su contenido de delta9-THC, el compuesto psicotrópico y medicinal, debe ser menor al 1%. Sin embargo, no se menciona de manera específica la prohibición de compuestos como el delta-8 o el HHC. Este vacío podría facilitar que algunos empresarios inescrupulosos le saquen la vuelta a la ley con tal de vender psicotrópicos sin restricciones, como ha sucedido en otros países.
En declaraciones a Sativa Info, el químico farmacéutico Eduardo Pinto Manrique, con experiencia en el manejo y regulación del cannabis medicinal en EEUU, advirtió que este proyecto podría abrir la puerta a la comercialización de cannabinoides sintéticos, cuyos efectos negativos han sido evidentes en lugares donde se permitió su venta.
"Quieren controlar algo que es seguro, como la planta de cannabis, y abrir la puerta a algo que es riesgoso para la salud, como los cannabinoides sintéticos", comentó.
“Si se aprueba este proyecto, se podría caer en el mismo camino en el que han caído estados como California”, agregó. En dicho estado, los cannabinoides sintéticos como el delta-8 THC y el HHC, poco estudiados y potencialmente peligrosos, han proliferado, afectando especialmente a menores de edad.
La FDA ya se ha pronunciado con anterioridad sobre el uso de cannabinoides sintéticos. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU, los productos con delta-8-THC pueden tener riesgos importantes, como efectos psicoactivos más fuertes de lo esperado y reacciones adversas, incluyendo confusión, ansiedad y alucinaciones. Debido a estos problemas, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha aprobado la prohibición de derivados de cáñamo, lo que ha causado preocupación entre pacientes que dependen de productos naturales de CBD para tratar condiciones médicas graves como la epilepsia o el autismo. Al respecto, la reconocida pediatra estadounidense Bonni Goldstein advirtió que millones de personas utilizan el cannabis de espectro completo como medicina para tratar enfermedades graves como la epilepsia y el cáncer, y que permitir la prohibición o restricción del cáñamo podría perjudicar gravemente a los pacientes que dependen de este tratamiento. "No podemos permitir que el estado quite la medicina de los niños que han estado utilizando durante años para controlar convulsiones graves, autismo, cáncer y otras condiciones", dijo en referencia a la regulación actual en California.
Este es un claro ejemplo de lo que podría suceder si no se regula adecuadamente el uso del CBD, así como todos los otros cannabinoides no psicotrópicos que se pueden extraer del cañamo industrial. Ante ello, Pinto Manrique subrayó la importancia de una regulación integral que diferencie el uso medicinal del industrial y que prohiba explícitamente la producción de cannabinoides sintéticos a partir del cáñamo.
“El problema es que la ley medicinal de cannabis incluye al CBD, y debería aclararse que la receta médica solo debe aplicarse para THC, THCV, CBN y sus ácidos”, señaló.
El especialista también destacó la necesidad de asegurar que el cáñamo permanezca con un contenido menor a 1% de THC y que las plantas que superen este umbral no sean destruidas, sino donadas a asociaciones de pacientes que necesiten productos de cannabis con fines terapéuticos.
Además, Pinto Manrique propuso que, así como la hoja de coca es segura en su forma natural pero necesita control en su extracción, el cannabis debería estar bajo la supervisión de autoridades especializadas en medicina natural, no solo farmacológica. "El Instituto Nacional de Salud (INS) debería regular el uso medicinal del cannabis, considerando su carácter tradicional y alternativo", dijo.
La propuesta de este especialista se basa en la diferencia entre una planta medicinal y un medicamento. Por un lado, una planta medicinal es aquella que, sin pasar por un proceso de industrialización, contiene compuestos activos utilizados en terapias naturales y alternativas. Estos compuestos, al ser usados directamente desde la planta, suelen estar menos concentrados y actuar de manera más holística en el organismo. Por otro lado, un medicamento es un producto procesado, sintetizado o aislado en laboratorios, bajo estrictos controles y normativas.
Por su parte, las asociaciones de pacientes y cultivadores en Perú han expresado su preocupación por la criminalización de los productores de cannabis y cáñamo en el país. Las organizaciones recuerdan que las leyes medicinales, como la Ley 30681 para laboratorios farmacéuticos y la Ley 31312 para la producción artesanal, no han resuelto el problema de la criminalización y ha generado un clima de inseguridad jurídica debido a los requisitos inviables para formalizarse.
Las asociaciones hicieron referencia a la observación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), que en su memorándum N° 214-2022-JUS/DGDNCR, señaló que el cultivo de cáñamo en Perú no está tipificado como delito, por lo que una modificación al Código Penal no sería necesaria. Las asociaciones de pacientes y cultivadores coincidieron en que es necesario evitar generar un “candado” penal que criminalice a quienes no posean una licencia, como ya ocurrió en el proceso regulatorio del cannabis medicinal. En este sentido, proponen la creación de un Registro de Cultivadores de Cáñamo para garantizar la legalidad de las actividades de producción.
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